«Debemos evitar caer en el legalismo mágico: pensar que, por transformar radicalmente nuestros textos constitucionales, transformaremos la realidad.»
Los guatemaltecos vivimos una paradoja: contamos con una Constitución que ofrece grandes promesas, pero que cumple muy pocas. Las alabanzas que suelen escucharse sobre sus teóricas virtudes son frecuentes: que contiene un catálogo generoso de derechos, un diseño institucional que se presenta como “moderno”, la supuesta garantía de democracia y Estado de derecho. Y, sin embargo, cuarenta años después de su promulgación, la misma pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué esas aspiraciones nunca se han convertido en realidad?
En este ensayo político, Edgar Ortiz Romero analiza qué instituciones diseñó nuestra Constitución para garantizar esos derechos y, sobre todo, cómo están funcionado en la práctica. Porque lo que importa no es la promesa, sino la capacidad de cumplirla.
Nuestro modelo político constitucional, previsto en la Constitución de 1985, ¿es capaz de hacer frente a los desafíos actuales?, se pregunta el autor, ¿o es ya el momento de un cambio? Y, de ser así, ¿cuál sería el mapa de ruta a seguir para que, al fin, la Constitución sirva a la ciudadanía?
ENGLISH DESCRIPTION
“We must avoid falling into magical legalism: the belief that by radically transforming our constitutional texts, we will transform reality.”
Guatemalans live with a paradox: we have a Constitution that offers great promises, yet fulfills very few of them. Praise for its supposed virtues is common: that it contains a generous catalog of rights, an institutional design presented as “modern,” and an alleged guarantee of democracy and the rule of law. And yet, forty years after its enactment, the same question remains unanswered: why have these aspirations never become reality?
In this political essay, Edgar Ortiz Romero examines which institutions our Constitution established to guarantee those rights and, above all, how they are functioning in practice. Because what matters is not the promise, but the ability to fulfill it.
Is our constitutional political model, as set out in the 1985 Constitution, capable of addressing today’s challenges? Or is it time for a change? And if so, what roadmap should be followed so that, at last, the Constitution truly serves its citizens?
